“Era una cosita así de chica” – dice Gabriela – mientras separa levemente sus dedos índice y pulgar, señalando una distancia de cuatro milímetros. Esta distancia corresponde al tamaño del embrión del cual Gabriela decidió separarse para siempre, hace un par de meses.

Ayudadas por medicamentos, son muchas las mujeres que interrumpen sus embarazos, y tantas como ellas, son los motivos que anticipan aquella decisión. Gabriela es una de tantas. Estudiar en una universidad católica le genera conflictos reales y ser madre no estaba en sus planes, pero la tecnología pone a su alcance un método fácil y rápido, como solución; Misotrol.

Hace poco menos de un mes nos enteramos mediante la prensa, del caso de una pareja que decidió interrumpir el embarazo que los llevaría a convertirse en padres. El método escogido por estos jóvenes, de 21 y 22 años, corresponde a un medicamento de fácil acceso a través de internet. Un medicamento que originalmente se utiliza para el tratamiento de úlceras duodenales, pero que ha desvirtuado su uso a las prácticas abortivas.

Medicamento abortivo

Conocido comúnmente como Misotrol, el nombre real de este fármaco es Misoprostol o Cytotec, y en combinación con otro medicamento llamado Mifepristona, ablanda y dilata el cuello uterino, provocando fuertes contracciones, las que finalmente vacían el útero, con la expulsión del embrión o feto (según las semanas de gestación).

Según explica la Matrona de la Unidad de  Servicio Estudiantil de  la DISE de la Universidad de Concepción, Marcela Parra, este medicamento comenzó a utilizarse como abortivo, luego de que en algunos hospitales del país se suministrara a las pacientes para inducir el alumbramiento, en casos donde el trabajo de parto era demasiado extenso. En la región, el único centro de salud que los utiliza para esta práctica es el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el que cuenta con un monitoreo para el uso del medicamento y una constante fiscalización al respecto, para evitar las malas prácticas. La doctora Parra añade; “Después que se corrió la voz de la eficacia de este producto, vino un efecto de rebote, donde la gente comenzó a pasarse el dato y ayudados de recetas falsas, comenzaron los vendedores a ofrecerlo como un nuevo y eficiente método abortivo”.

Este producto, ofrecido en internet por poco dinero y discreción absoluta, es una oferta tentadora ante el desequilibrio emocional y social, que sufren las mujeres que viven embarazos no deseados. Su uso y abuso, la etapa posterior, las consecuencias, la distribución y vacíos legales, forman parte de una planificación minuciosa que se presenta como un proceso poco invasivo, pero que se ha convertido en una batalla social constante y silenciosa, tanto como el deceso de sus protagonistas.

Legalidad del producto

Una cruda realidad se presenta cotidianamente en los centros de atención de salud de nuestro país, donde cada día acuden mujeres que acceden a estos medicamentos con la intención de abortar, pero que durante el proceso sufren graves complicaciones.  El sargento de Carabineros, Patricio Andrade, trabaja en la guardia policial del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción y reconoce que estos casos suceden constantemente en el servicio de urgencias del hospital. Casos que son derivados a la maternidad del recinto, pero que nunca es fácil de comprobar; “Para los médicos, aunque sepan y reconozcan que se trata de un aborto inducido, es muy difícil declararlo como tal, porque sólo peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), pueden constatar que se trata de un aborto provocado. Los médicos sólo pueden prestar ayuda a la paciente y la policía se encarga de lo legal”

Respecto a la legalidad a la que se refiere el Sargento Andrade, las mujeres que utilizan estos medicamentos para provocar un aborto, son formalizadas por homicidio, y quienes faciliten ayuda para la ejecución de este acto, pueden ser acusados de cómplices y llegar a ser procesados. Dentro de esta ilegalidad, los menos perjudicados son los distribuidores del fármaco, ya que para ellos no existe una tipificación legal que los condene, en caso de que la distribución y venta sea comprobada, estas personas sólo se exponen a una multa, porque la comercialización ilegal no es considerada un delito, sino una infracción al Código Sanitario (Art.123) y con esto sólo se exponen a multas que van desde los 32 mil a los 128 mil pesos.